Pilar López-Rioboo asegura que la coordinación policial y judicial mantendrá su intensidad en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas

Pilar López-Rioboo asegura que la coordinación policial y judicial mantendrá su intensidad en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas

26/10/2020

Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales mantendrán e intensificarán su cooperación para tratar de erradicar los focos existentes en toda la provincia

Confía que las actuaciones consensuadas durante estas últimas semanas, junto con las instrucciones del Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado, permitan una mayor eficacia en la desocupación de viviendas


La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha manifestado su satisfacción por el dispositivo policial que ha permitido el desalojo de cerca de una decena de ocupantes ilegales de viviendas en la zona de la Falperra y ha mostrado su confianza que este tipo de actuaciones sean más frecuentes tras las medidas adoptadas por el Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado.

Pilar López-Rioboo ha puesto en valor la coordinación policial y judicial para mantener la intensidad en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. “Es fundamental y es un elemento indispensable para conseguir una mayor eficacia, algo que en la mayoría de los casos pasa por la actuación judicial, como ha sido el caso de esta mañana en relación con uno de los edificios ocupados en la Falperra”, ha asegurado.

Por ello ha puesto en valor el consenso y trabajo desarrollado en las recientes reuniones mantenidas tanto por el delegado del Gobierno con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Galicia y el fiscal jefe de Galicia como por la propia subdelegada con los representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y fiscal provincial. De estas reuniones han salido reforzadas las líneas de actuación y la coordinación policial y judicial,

No obstante, la subdelegada del Gobierno ha reiterado que en los casos de inmuebles ocupados que no son viviendas de primera o segunda residencia, es fundamental la implicación de los propietarios, en la mayoría de los casos inmobiliarios o bancos, así como la implicación del estamento judicial, tal como ha ocurrido en el caso de la Falperra. Por ello, confía en que se mantenga esta línea de actuación que permita una mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos, en este caso de A Coruña.      

La subdelegada ha recordado que han representado un avance importante las recientes medidas adoptadas por la Fiscalía General del Estado junto con el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles”, que se incluye en la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Este protocolo homogeneiza y mejora la respuesta policial y garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.

La instrucción establece diferentes actuaciones en función de si el inmueble ocupado constituye la morada de su titular, sea primera o segunda vivienda. En estos casos, las fuerzas de seguridad podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, al desalojo inmediato e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede. En el caso de que el inmueble no sea morada se aplicaría lo relativo a un delito de usurpación.

Además, también dicta medidas para proteger a las víctimas y favorecer la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados. Es importante destacar que el  protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, entre los que figura el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta. En todo caso, en Galicia no hay constancia de la existencia de ningún tipo de mafia de estas características.

Además, desde septiembre la aplicación para móviles ALERTCOPS incluye una funcionalidad específica para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.

Por otra parte, Pilar López-Rioboo ha recordado que el Gobierno también trabaja en las políticas de fomento de la accesibilidad a la vivienda y ha recordado los acuerdos adoptados en los últimos meses con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia sobre la vivienda y los consumos básicos.

En este sentido, en aportaciones directas el Gobierno ha invertido en este periodo 44 millones de euros en el capítulo de vivienda en Galicia, con implicación de los ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A esta cantidad se unen una batería de medidas dentro del “escudo social” aprobado por el Ejecutivo frente a la pandemia. La subdelegada del Gobierno ha destacado que, aunque estas medidas tenían un periodo de aplicación inicial de seis meses, han sido prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021. Entre ellas, se incluyen:

-          Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Ayudas de hasta 900 euros al mes durante 6 meses: hasta 3.500 euros por familia.

-          Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Hasta 900 euros al mes para renta del alquiler y 200 para suministros básicos durante un máximo de 5 años. La cuantía podría llegar hasta los 66.000 euros.

-          Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. Para mejorar el acceso a las viviendas con protección pública.

-          Prohibición de los desahucios durante al menos 6 meses.

Otras medidas a las que también se ha dado continuidad son la prohibición de cortar el suministro a los colectivos vulnerables y el bono social eléctrico para las unidades familiares en las que alguno de sus miembros se encuentra en situación de desempleo, de ERTE o haya visto reducida su jornada por motivos de cuidado.

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